Cameruneses entre las enfermedades y los medicamentos falsificados

Cuando el camerunés François Biloa contrajo paludismo, su familia hizo lo que siempre había hecho antes: le dio antibióticos y otros medicamentos comprados en el mercado local. Solo cuando su situación empeoró y quedó inconsciente y postrado en su cama, sus parientes lo llevaron a una clínica de la capital.

Según el asistente de la clínica, antes de ser ingresados, seis de cada 10 pacientes usan fármacos ilegales o falsificados, fáciles de encontrar en el mercado de esta nación de África occidental.

“Nosotros compramos medicinas en un comercio porque eso nos funcionó con ataques (anteriores) de paludismo, y son muy baratos. Con apenas dos dólares solemos comprar un paquete de Coartem (falso), que es un tratamiento completo” para la enfermedad, explicó Biloa a IPS desde su cama en el hospital.

“La automedicación (con fármacos ilegales y falsificados) causa problemas de salud comunes en los hospitales locales, y los peores casos se registran en los ubicados en barrios pobres y comunidades rurales donde el nivel de pobreza es muy alto y el acceso a un médico es costoso”. Williams Takang, del Hospital Universitario de Yaoundé

En las farmacias, un paquete de Coartem cuesta entre siete y ocho dólares, mientras que en el mercado ilícito un paquete del mismo fármaco puede adquirirse por menos de tres dólares. Una consulta médica cuesta cuatro dólares en promedio.

“Pero en este hospital me dicen que ahora mi factura supera los 75 dólares. El médico dice que tengo una cepa resistente de la malaria (como también se conoce al paludismo), y también fiebre tifoidea”, señaló Biloa.

“Sentí como si estuviera muriendo durante mi intento de tratamiento en casa. Solo empecé a recuperar energía y conciencia luego de (venir a) esta clínica”, relató.

En mercados y al borde de las carreteras de todo Yaoundé, medicinas falsificadas e ilegales se apilan en mesas y estantes de madera, donde se las exhibe abiertamente para su venta. El comercio de estos fármacos es ilegal. Si están disponibles es a consecuencia de una regulación débil, de servicios de salud de mala calidad y de los elevados costos médicos.

No hay cifras precisas sobre la cantidad de medicamentos ilegales que ingresan a Camerún, pero hasta 70 por ciento de los fármacos que se venden en el país se comercian clandestinamente, dijo Christophe Ampoam, del Consejo Nacional de la Sociedad Farmacéutica de Camerún.

Según Ampoam, este comercio de medicación ilícita está tan bien organizado que funcionarios del gobierno y la policía no logran frenarlo.

“El comercio de fármacos ilícitos en Camerún opera como una red muy poderosa, similar a la mafia, que es muy difícil de desmantelar. Se estima que la venta de medicinas ilícitas es cinco veces más lucrativa que a través del sistema regular. Los funcionarios locales tienen terror de desmantelar la red porque esta también ha infiltrado el sistema judicial y aduanero”, explicó Ampoam a IPS.

“Los sistemas regulatorio y legal corruptos son fácilmente explotados por contrabandistas, y las reglas adicionales solo han aumentado la corrupción”, sostuvo.

Ampoam dijo que la mayoría de las medicinas falsificadas se fabrican en Medio Oriente y Asia oriental y meridional, aunque muchas portan la inscripción “Hecho en Alemania”.

Ingresan clandestinamente a Camerún por mar y a través de las porosas fronteras con Nigeria y con la República Centroafricana.

“Aunque es difícil brindar una estadística exacta sobre el porcentaje de fármacos ilícitos que se encuentran actualmente en los mercados locales, la disponibilidad de medicamentos en ellos, en comercios improvisados, en las calles y a lo largo de las autopistas habla de la deplorable situación que vive Camerún”, destacó Ampoam.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que en todo el mundo podrían prevenirse 200.000 muertes por año si los pacientes no usaran fármacos falsificados. Un informe de la International Policy Network estima que solo las medicinas adulteradas contra la tuberculosis y la malaria matan cada año a 700.000 personas en el planeta.

“La mayoría de los fármacos que hay en circulación fueron prohibidos en ciertos países porque son tóxicos o falsos. Algunos tienen los ingredientes correctos pero en bajas cantidades. Algunos son muestras o medicinas donadas por organizaciones no gubernamentales”, explicó Ampoam.

Marlise Loudang, directora del servicio de inspección farmacéutica en el Ministerio de Salud Pública, dijo que equipos del gobierno toman medidas drásticas en todas las regiones del país contra el comercio ilegal, pero que hasta ahora los esfuerzos han sido infructuosos.

“La automedicación (con fármacos ilegales y falsificados) es un gran problema de salud pública en Camerún, que afecta a casi todas las familias. Esto se origina en que es fácil acceder a medicinas de dudoso origen y calidad en todo el territorio nacional”, declaró Loudang a IPS.

Marcel Olinga, vendedor de medicamentos falsificados e ilegales, dijo que, aunque las autoridades le han hecho allanamientos, no lo han disuadido de continuar. “Una vez cada tanto, la policía se aparece y confisca mis fármacos, pero es una pérdida en la que vale la pena incurrir, porque esas redadas no son habituales y nuestras principales reservas nunca están en el mismo lugar en que vendemos”, aclaró.

Olinga dijo que gana unos 40 dólares al día.

“Recibimos a muchos clientes a diario. Algunos vienen con recetas de médicos, otros buscan nuestro asesoramiento antes de comprar, y algunos simplemente piden lo que ellos quieren”, señaló a IPS.

Según la OMS, por cada médico hay 13.514 pacientes en Camerún, aunque algunos dicen que la proporción es superior, especialmente en las áreas rurales. La pobreza también limita a muchos a la hora de buscar medicamentos en hospitales y clínicas.

“Algunos pacientes huyen de los costos de las consultas en hospitales y caen en las manos de comerciantes ilegales, que están listos para vender medicamentos a precios mucho más bajos que los del mercado legal”, dijo Williams Takang, del Hospital Universitario de Yaoundé, en diálogo con IPS.

“La automedicación (con fármacos ilegales y falsificados) causa problemas de salud comunes en los hospitales locales, y los peores casos se registran en los ubicados en barrios pobres y comunidades rurales donde el nivel de pobreza es muy alto y el acceso a un médico es costoso”, planteó.

“La ingesta de medicinas falsas e ilegales pueden poner en riesgo la vida, especialmente en casos de enfermedades con alta mortalidad, como la malaria. Lamentablemente, la mayoría de los pacientes que sufren estas enfermedades comunes se medican sin realizar ninguna consulta médica previa”, dijo Takang.

Anuncios

Terroristas se roban la salud de Somalia

La somalí Maryan Yusuf, de 39 años, está débil y apenas puede hablar por el dolor. Hace unas pocas horas dio a luz a un bebé en el Hospital Afgooye, donde los medicamentos esenciales disminuyen a un ritmo alarmante.

“Es el cuarto hijo que tengo aquí. Pero ya no recibo tanto cuidado y tratamiento como antes. Estoy con dolores. No sé si volveré a sentirme bien”, dijo a IPS la mujer, tendida en una cama del sanatorio sin colchón.

El Hospital Afgooye, en la localidad rural del mismo nombre, se encuentra 30 kilómetros al sudoeste de Mogadiscio. Es uno de los tantos sanatorios que recibía apoyo de la organización internacional Médicos Sin Fronteras (MSF).

Gracias a esa ayuda, el centro podía brindar atención médica a los residentes de Afgooye y de las áreas agrícolas cercanas.

Pero ya pasó casi un mes desde que MSF abandonó Somalia por los constantes ataques que sufría su personal a manos del grupo radical islámico Al Shabab.

El sanatorio se está quedando sin medicinas básicas y vacunas, dijo a IPS la enfermera Aisha Ahmed.

La clínica cuenta con apenas 20 camas, un solo médico y siete enfermeras, pero recibe a cientos de pacientes por semana.

“Este es el lugar al que vienen quienes necesitan atención médica gratuita, pero desde que el MSF se fue y ninguna agencia ocupó su lugar, no podemos cubrir las necesidades de salud de la gente de aquí y de la periferia”, señaló Ahmed.

MSF fue una de las pocas organizaciones internacionales en prestar asistencia sanitaria a los somalíes en los últimos 20 años, mientras este país del Cuerno de África era azotado por la guerra civil, la pobreza y la falta de servicios esenciales.

El gobierno central debe funcionar con recursos financieros limitados y bajo la continua amenaza de Al Shabab, que lanzó varios ataques terroristas en Mogadiscio a pesar de haber sido desalojado de otras ciudades clave del país.

En una entrevista con IPS, el portavoz presidencial Abdirahman Omar Osman dijo que Somalia afronta grandes limitaciones financieras.

“El gobierno recibe todos los meses unos tres millones de dólares del puerto y del aeropuerto de Mogadiscio, pero el presupuesto que necesitamos para ejecutar nuestras actividades diarias es de al menos 20 millones de dólares mensuales”, señaló.

Los centros de salud apoyados por MSF ofrecían atención primaria, tratamientos contra la desnutrición, cirugías, campañas de respuesta a epidemias y distribución de agua y otros suministros esenciales.

Más de 1.500 de personas trabajaban en sus programas de salud en toda Somalia, incluyendo la capital y otras ciudades.

“Solo en 2012, los equipos de MSF atendieron más de 624.000 consultas médicas, hospitalizaron a 41.100 pacientes, brindaron cuidados a 30.090 niñas y niños desnutridos, vacunaron a 58.520 personas y asistieron 7.300 partos”, señaló la organización en agosto, cuando resolvió abandonar Somalia.

Médicos somalíes creen que la decisión de MSF afectará a “cientos de miles de personas”.

De hecho el impacto fue inmediato dijo a IPS un funcionario de salud de Mogadiscio, Mohmaoud Yarow.

“Puedo entender cuán difícil ha sido para MSF abandonar Somalia, pero el efecto que ha tenido su retirada es enorme. Con el tiempo, esto se puede traducir en una crisis sanitaria mortal”, alertó Yarow.

Medios locales de comunicación informaron en agosto que combatientes de Al Shabab tomaron un hospital financiado por MSF en Marere, en la región de Yuba Medio, y robaron su equipamiento y medicamentos.

Autoridades médicas también advierten que el retiro de MSF complica aun más el último brote de poliomielitis, para cuyo combate la organización distribuía vacunas.

A comienzos de este año, se detectó la enfermedad en varias zonas del país, como la oriental región de Puntlandia, el sur y el centro del territorio. La Organización Mundial de la Salud confirmó 101 casos, y en agosto se lanzó una campaña de inmunización masiva.

El gobierno señaló que “lamenta profundamente” la decisión de MSF, y reiteró su compromiso de establecer condiciones de seguridad  para todas las entidades de ayuda internacionales.

“Es lamentable que el retiro de MSF esté teniendo un impacto en la vida de los somalíes”, dijo a IPS el portavoz del Ministerio de Desarrollo Humano y Servicios Sociales, Abdelaziz Qafiifores, responsable del sector de la salud.

“Entendemos las razones, pero la decisión, cualquiera sea su justificación, está causando un gran sufrimiento en Somalia”, añadió.

El gobierno estima que este “vacío crítico debe ser llenado”, pues de lo contrario podría “derivar en una catástrofe humanitaria”. Por tanto, llamó a la comunidad internacional a extender su apoyo.

Pero mientras esa ayuda llega, muchos se quedan sin atención médica.

Daahir Owre, un anciano del distrito de Daynile, no pudo conseguir antibióticos en el hospital local para la infección en una pierna que sufre su esposa. Las enfermeras le dijeron que el sanatorio se había quedado sin fármacos.

“No sé qué voy a hacer. Caminé cinco kilómetros para llegar aquí, pero no pude conseguir medicamentos para mi familia”, dijo Owre a IPS, mientras se retiraba.

Escasez de maíz en Malawi

Esnart Phiri, viuda y con cinco hijos, durmió varios días seguidos afuera del mercado estatal de venta de maíz de la capital de Malawi, llamado Admarc, para poder conseguir el preciado alimento.

Las filas nunca se terminan en los Admarcs porque miles de personas se ven forzadas a esperar durante días por este producto primordial en la dieta de este país de más de 14 millones de habitantes.

Phiri contó a IPS que durante las noches coloca a su hijo mayor en la fila para no perder el lugar, mientras ella y sus otros hijos duermen en uno de los corredores de la oficina que está al otro lado de la calle.

“El mercado se volvió mi hogar temporal porque no tengo energía para ir y venir caminando todos los días. Prefiero dormir aquí y esperar por el maíz”, explicó. Phiri vive en Chinsapo, a 40 kilómetros de Lilongwe.

Malawi sufre una escasez de maíz debido a dos periodos seguidos de sequía. Este alimento representa 90 por ciento de la ingesta calórica en este país, seguido de la mandioca, boniato (batata) y sorgo.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la producción de cereal en el periodo 2011-2012 cayó siete por ciento respecto de la temporada anterior.

Unas dos millones de personas carecen de alimentos suficientes este año debido a la prolongada sequía y al alza de los precios de los alimentos, lo que aumentó los precios al consumidor en 36,6 por ciento, según datos de marzo.

Todos los días, antes del amanecer, Memory Jamesi, con cuatro meses de embarazo, se levantaba y caminaba 40 kilómetros hasta el Admarc de Lilongwe.

Hace unas semanas, Jamesi, que tiene otros tres hijos, se desmayó mientras hacía la fila.

“Me sentí débil y cansada. Me vinieron unos fuertes temblores mientras hacía la cola y no sé qué pasó después”, relató a IPS en una habitación de la hacinada ala de mujeres del Hospital Central de Kamuzu.

La situación de Jamezi no es única. Alrededor de cinco de cada 10 consultados por IPS en Chinsapo dijeron que sus hijos habían pasado hambre en los últimos meses. Pero esto no se debe solo a la escasez de maíz, sino que cuando hay, tampoco pueden pagar su elevado precio.

Un saco de maíz de 50 kilogramos costaba unos 13 dólares, pero ahora aumentó a más del doble, muy por encima de los ingresos de las personas pobres, que viven con menos de 20 dólares al mes, y no pueden pagar los 30 dólares que cuesta cada uno.

En este país, donde las mujeres constituyen 70 por ciento de la mano de obra agrícola y son el sostén de la familia, las mujeres, los niños y las niñas cargan con la peor parte del alza del precio de los alimentos.

La situación alimentaria se hizo más crítica en los últimos dos meses, después de que unas 30.000 toneladas de maíz de las reservas estratégicas se pudrieran.

Según el secretario principal del Ministerio de Agricultura y Seguridad Alimentaria, Jeffrey Luhanga, el maíz perdido era suficiente para alimentar a casi 400.000 de las dos millones de personas que necesitan asistencia alimentaria.

“Ahora tuvimos que importar 50.000 toneladas de Zambia para cubrir la falta”, dijo Luhanga a IPS.

Esta es la primera vez en seis años que Malawi se ve obligado a importar maíz de su vecino.

Entre 2006 y 2011, Malawi logró una cosecha abundante de maíz gracias a un exitoso programa de subsidio de fertilizantes.

En el marco de esta iniciativa, lanzada en 2005 y que funcionó muy bien, los campesinos pobres se beneficiaban de una reducción de 40 por ciento en el precio de fertilizantes y semillas.

Además, en 2003, este país adoptó el Programa Integral de Desarrollo Agrícola de África, que apunta a eliminar el hambre y reducir la pobreza.

Pero la extensa sequía y la corrupción en la red de distribución y suministro de fertilizantes del programa de subsidio redujeron la abundancia de cosechas y afectaron la producción.

“En los últimos dos años de gobierno del (fallecido presidente Bingu wa) Mutharika, el programa de subsidio a los fertilizantes se corrompió y las familias objetivo no se beneficiaron por el desvío de los insumos”, puntualizó Luhanga.

Además, “las dos sequías, en especial en el cinturón de producción de maíz, perjudicaron las cosechas”, añadió.

Pero el ministro de Agricultura y Seguridad Alimentaria, Peter Mwanza, dijo a IPS que se esperaba que la próxima cosecha sea importante gracias a las abundantes lluvias.

“Nuestras primeras estimaciones revelan que la cosecha rondará las 3,5 millones de toneladas, que es más de lo que se recolectó el año pasado”, indicó Mwanza.

Los pronósticos indican que la producción superará el consumo nacional de 2,8 millones de toneladas.

Por Mabvuto Banda

Hurgadores de agua

Desde hace 13 años, Trynos Mbweku, jefe del distrito de Mwenezi, en el sudeste de Zimbabwe, usa una carretilla para ir a buscar agua al único pozo que queda en la zona, a 10 kilómetros de su casa.

Para los pobladores del distrito de Mwenezi, 160 kilómetros al sudoeste de Masvingo, capital de la provincia homónima, la crisis hídrica no parece tener un final a la vista.

“Nos vimos obligados a convertirnos en hurgadores de agua y a depender de perforaciones que se rompieron hace 10 años”, dijo Mbweku a IPS.

Funcionarios del Consejo del Distrito Rural de Mwenezi, quienes pidieron reserva de su identidad, dijeron a IPS que de las 46 perforaciones, 26 se habían roto y no habían sido reparadas en los últimos 13 años.

La población local responsabiliza al Fondo de Desarrollo de Distritos (DDF, por sus siglas en inglés) y al Consejo del Distrito Rural de Mwenezi, responsables de reparar y mantener los pozos.

Pero funcionarios del Consejo dijeron que se necesitaban 12.000 dólares para reparar las instalaciones dañadas y que el DDF no tenía fondos.

Zimbabwe no se ha recuperado de la crisis económica. Entre 2003 y 2009, este país sufrió una de las peores hiperinflaciones del mundo. La inflación anualizada fue estimada en 231 por ciento.

Los economistas de este país de África austral atribuyen la profundización de los problemas hídricos a la partida forzosa de inversores agrícolas en la peor parte del controvertido programa de reforma agraria, a menudo violento.

El programa fue una iniciativa gubernamental que apuntó a recuperar las tierras que tenían unos 4.500 agricultores blancos y que fue llevada a cabo por veteranos de guerra molestos.

“La crisis hídrica es un problema nacional en Zimbabwe. Empeoró tras el caótico programa de reforma agraria de 2000, que derivó en una recesión económica. El país perdió fondos para mantener las perforaciones comunitarias cuando los agricultores comerciales fueron expulsados de sus tierras”, dijo el economista Kingston Nyakurukwa a IPS.

Con 70 por ciento de la población en zonas rurales es fundamental mejorar el acceso al agua, al saneamiento y a la higiene.

Aunque el Departamento de Desarrollo Internacional de Gran Bretaña financió un programa rural de saneamiento y agua de 50 millones de dólares en 2012, concentrado en áreas propensas a la sequía, la mayoría de las zonas rurales de Zimbabwe tienen dificultades para acceder al agua potable.

“Tenemos que lidiar con la escasez de agua porque varios pozos comunitarios se rompieron y hace años que están sin uso debido a la mala situación económica del país”, dijo Dereck Siyaya, del departamento de agricultura del distrito rural de Guruve, en la provincia de Mashonalandia Central, en entrevista con IPS.

De acuerdo con un el estudio “Protección Social Adecuada para la Infancia en Zimbabwe”, publicado en 2010 por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), casi la mitad de la población vive con menos de 1,25 dólares al día.

Un alto funcionario del Ministerio de Gestión y Desarrollo de Recursos Hídricos dijo a IPS que alrededor de 60 por ciento de las 2.714 bombas de agua de las zonas rurales estaban rotas.

Alrededor de 2,5 millones de personas, de los 12,5 millones que habitan este país, no tienen acceso al líquido vital. Funcionarios de la Oficina Nacional de Estadísticas de Zimbabwe dijeron a IPS que 56 por ciento de la población no tiene acceso a instalaciones sanitarias.

“Si no se toman medidas frente a la crisis hídrica se desatará en Zimbabwe una lucha por el preciado recurso. Debemos comprometernos para que el sector sea sustentable”, dijo el ministro de Gestión y Desarrollo de Recursos Hídricos, Samuel Sipepa Nkomo, en una cumbre sobre este tema realizada el 20 de marzo en la occidental ciudad de Bulawayo.

Un funcionario del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, que prefirió permanecer anónimo, dijo a IPS que los alumnos de escuelas rurales también se veían afectados porque dedicaban un tiempo considerable a la búsqueda de agua en vez de asistir a clases.

Zimbabwe suscribió en 2009 un acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el Fondo Mundial para la Naturaleza y el Instituto para el Desarrollo de Agua y Saneamiento, para suministrar agua potable. Pero el tratado todavía no ha sido implementado.

Para que Zimbabwe pueda alcanzar la meta de mejorar el acceso al agua potable, incluida en los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas para el Milenio, debe invertir unos 400 millones de dólares al año, señala el informe de Unicef.

Por Jeffrey Moyo

Riqueza mineral detrás de la lucha

El grupo rebelde Mai-Mai Kata-Katanga, que opera en Katanga, en el sudeste de la República Democrática del Congo (RDC), asegura luchar por la autonomía de esa provincia porque sus habitantes nunca se beneficiaron de sus propios depósitos minerales.

En diálogo con IPS a condición de mantener el anonimato, un miembro de Mai-Mai dijo: “Solo en 2012, las compañías mineras de Katanga ganaron 96 millones de dólares en regalías. Esto muestra que somos una provincia rica, pero esto no se refleja en los estándares de vida”.

Los principales minerales de Katanga son el cobre, el cobalto y el oro.

Los combatientes de Mai-Mai pertencen a diferentes grupos étnicos de cinco territorios del norte de la provincia, aunque no hay cifras disponibles sobre su número concreto.

En swahili, “mai” significa “agua”, y “Kata Katanga” quiere decir “separar a Katanga”. El grupo es llamado Mai-Mai porque sus miembros se bañan con una “poción mágica” que contiene agua y que ellos creen los protege de las balas.

El 23 de marzo, unos 350 miembros de esa organización armada lanzaron una incursión sobre Lubumbashi, la capital de Katanga. Llegaron vestidos de civil con pañuelos verdes, rojos y blancos, portando unos 30 rifles Ak-47, cohetes, jabalinas, arcos, flechas y sus talismanes.

Intentaron sin éxito ocupar la oficina del gobernador de la provincia y la sede de la asamblea legislativa.

Luego de enfrentarse a las fuerzas armadas congoleñas, los rebeldes se rindieron ante la Misión de Estabilización de las Naciones Unidos en la RDC (Monusco). Treinta y tres personas murieron y 60 resultaron heridas en la operación.

Alexandre Kawaya, diputado en la Asamblea Provincial e integrante de la coalición política del presidente Joseph Kabila, informó que el gobierno inició conversaciones con ese grupo rebelde para considerar sus demandas.

“Tenemos generales… que han sido rebeldes. Esos ciudadanos (los Mai- Mai) una vez rodearon Lubumbashi para detener una invasión de fuerzas extranjeras. Debemos hablar con ellos, escuchar lo que tienen para decir”, dijo Kawaya a IPS.

Además destacó que el gobierno dialoga también con otros movimientos rebeldes, como el M23.

El ataque del 23 de marzo no fue el primero de Mai-Mai Kata-Katanga. En mayo de 2010, los rebeldes colocaron su bandera en la plaza Place de la Poste, en Lubumbashi.

Se cree que estarían también detrás de otros ataques, incluyendo dos contra el aeropuerto de esa ciudad y uno contra una prisión para rescatar a su líder, Gédéon Kyungu, en octubre de 2011.

La lucha por la secesión de Katanga se inició en julio de 1960, cuando los rebeldes lanzaron su primera campaña.

Según la organización no gubernamental local Justicia ASBL, el grupo rebelde ha desplazado a unas 340.000 personas de sus hogares.

Fabien Mutomb, del partido opositor Unión para la Democracia y el Progreso Social, cree que la impunidad que gozan los rebeldes demuestra que existe cierto nivel de complicidad en el Estado.

“Cada investigación termina en la nada”, dijo a IPS.

Rompiendo el punto muerto

Jean Pierre Muteba, quien coordina la actividad de la sociedad civil en Katanga, dijo a IPS que “el ataque del 23 de marzo en Lubumbashi es la expresión de una revuelta” popular. El activista opinó que la solución pasaba por un diálogo nacional con todos los actores.

Pero Timothée Mbuya, director Justicia ASBL, tiene una impresión diferente.

“Cuando nos enfrentamos a fuerzas tan destructivas que desplazan a más de 350.000 personas de sus hogares en Katanga, creyendo que la violencia es un medio legítimo, no tenemos más opciones que reformar el ejército y los servicios de seguridad para expulsar agentes externos”, dijo a IPS.

“El ejército congoleño y los servicios de seguridad se han visto debilitados porque obedecen las órdenes de sectores diferentes. Si se eliminan los actores externos de esas fuerzas, estarán en mejor posición de darle seguridad al país contra posibles ataques, tanto del interior como del exterior”, añadió.

Por su parte, el ministro de Asuntos Internos y Seguridad de la RDC, Richard Muyej, dijo que esperará los resultados de la investigación gubernamental sobre la incursión rebelde en Lubumbashi, y aseguró que los responsables serían juzgados.

Dos semanas después del ataque de Mai-Mai, Kabila suspendió al general Michel Ekuchu, comandante del Sexto Batallón en Lubumbashi, acusándolo de “grave negligencia en el cumplimiento del deber”.

Pero “eso no solucionará nada”, opinó Fidèle Ramazani, oficial de la Coalición para un Referendo sobre la Autodeterminación del Pueblo de Katanga, otro movimiento rebelde en la provincia.

Ramazani dijo a IPS que el Estado se había convertido en “un depósito de conflictos sin resolver, donde la insatisfacción y la desesperación se afianzan”, y sostuvo que “la solución más efectiva y sostenible es la reconstrucción de toda la estructura estatal”.

Por Maurice Waku Demba

Unos tres millones de bebés mueren todos los años en su primer mes de vida

Karren, una joven madre que no quiso dar su nombre completo, sonríe mientras amamanta a su recién nacido en el Instituto de Salud Reproductiva y VIH de la Universidad de Witwatersrand, en esta ciudad de Sudáfrica.

Karren recibe las indicaciones de cómo atender a su bebé de parte de una enfermera y pronto disfrutará de sus logros, como la primera sonrisa y los primeros pasos de su hijo.

Pero unos tres millones de bebés mueren todos los años en su primer mes de vida por ser prematuros, por complicaciones en el parto y por infecciones, según la organización Save the Children.

Para revertir la tendencia, Sudáfrica lanzará el Plan Global de Acción para Recién Nacidos, que se propone directamente reducir la mortalidad neonatal.

Este país encabeza los esfuerzos para promover el Método Madre Canguro (MMC), una intervención de emergencia que pueden poner en práctica las propias madres, según Gary Darmstadt, director de salud familiar de la Fundación Bill & Melinda Gates.

“Fue una idea que hace unos años cambió de paradigma. Ya no podemos ignorar los primeros meses de vida, no hay más excusas. Ahora conocemos una serie de intervenciones simples que tienen grandes probabilidades de evitar las principales causas de muerte de los recién nacidos”, dijo Darmstadt a IPS.

El MMC es la práctica de cargar al recién nacido en contacto directo con la piel. Puede comenzar en el hospital y continuarse en el hogar. Suele facilitar el amamantamiento, reducir el riesgo de infecciones graves y mantenerlo caliente, lo que ayuda a reducir a la mitad la mortalidad de bebés pretérmino. Ese tipo de prácticas son las que se le enseñan a Karren, una madre primeriza. Los estudios indican que si se practica el MMC con los bebés pretérmino, se pueden salvar más de 1.500 vidas al año en todo el mundo.

Otra intervención fundamental es el uso prenatal de corticoides para ayudar a desarrollar los pulmones del bebé, con el fin de que pueda respirar al nacer. Su uso está generalizado en los países ricos, con una incidencia de 90 por ciento de cobertura en los casos indicados de mujeres con posibilidad de partos prematuros.

Si su uso se generalizara en las naciones de medianos y bajos ingresos, se podrían salvar más de 1.000 recién nacidos a diario.

Darmstadt dijo que hubo cambios destacables en lo que respecta a la comprensión de la mortalidad neonatal y a los métodos de prevención, pero siguen muriendo recién nacidos; representan 40 por ciento de las muertes de menores de cinco años.

“La cantidad de recién nacidos que mueren en África subsahariana aumentó en los últimos años, aun cuando la mortalidad materna e infantil disminuyó”, puntualizó.

La mejora en la prevención de la transmisión del virus de inmunodeficiencia humana (VIH, causante del sida) de madre a hijo y de la atención pediátrica de los infectados logró avances significativos en la reducción de la mortalidad de menores de cinco años en este país.

Pero los avances se ven obstaculizados por sistemas de salud deficientes en países muy afectados por este problema, indicó Lee Fairlie, pediatra del Wits Reproductive Health and HIV Institute (WRHI).

“La prevención del VIH recibe más atención. La mortalidad infantil también se redujo gracias a los avances en la atención de esta enfermedad. Pero se necesita mayor concentración en el apoyo a la alimentación posnatal”, remarcó Fairlie.

También señaló que hubo una disminución de epidemias vinculadas como el VIH, causante del sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida), y la tuberculosis, enfermedades crónicas y salud mental, lesiones y violencia y salud materna, neonatal e infantil.

Sudáfrica tiene el mayor programa de terapia antirretroviral del mundo y obtuvo logros en la implementación de nuevas formas de diagnóstico de la tuberculosis, además de mejorar el tratamiento y la integración del paciente.

Pero Vivian Black, de WRHI, dijo a IPS que el sistema de salud sudafricano todavía debe afrontar varios desafíos, como la falta de personal y un ineficiente mecanismo de recolección de datos, que puede impedir el registro de algunos casos de muertes.

Las autoridades de la salud fueron negligentes a la hora de recolectar de forma adecuada información detallada sobre casos de mortalidad materna que podrían ayudar a diseñar políticas.

“Algunas mujeres no conocen sus derechos como pacientes. Tenemos que alentarlas a que los conozcan”, remarcó.

Otros países de África subsahariana

Sudáfrica puede aprender sobre reducción de la mortalidad infantil de otros países de la región, como Ruanda y Malawi, según Koki Agarwal, directora del Programa Integrado de Salud Materna e Infantil (http://www.mchip.net/spanish), una asociación de organizaciones que cuenta con fondos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés).

En esos países también se creó la figura trabajadores de la salud comunitarios, que atienden a mujeres embarazadas y registran información sobre muertes pre, pos y neonatales.

El sistema de salud de Malawi es defendido especialmente por la presidenta Joyce Banda, quien “hizo mucho para ofrecer asistencia de salud primaria y apoyó el MMC”, observó Darmstadt.

Ruanda también obtuvo grandes logros en la reducción de la mortalidad materna e infantil.

Gracias a un programa que alienta a las ruandesas a recibir atención prenatal con personal calificado y a intervenciones como el MMC, ese país está cerca de cumplir las metas de reducir la mortalidad infantil y mejorar la salud materna, incluidas en los ocho Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas para el Milenio, que vencen en 2015 (http://www.un.org/es/millenniumgoals/).

La importancia de la nutrición

“El estado nutricional de la madre antes y durante el embarazo contribuye a definir su salud, así como la de su bebé y las posibilidades de supervivencia de este al nacer y después”, remarcó Koki Agarwal, además de experta en salud materna y reproductiva, vicepresidenta de Jhiego, principal socia del Programa Integrado de Salud Materna e Infantil y asociada a la estadounidense Universidad John Hopkins.

En Kenia, el Programa Integrado de Salud Materna e Infantil “guía la labor de trabajadores comunitarios para alentar a las mujeres embarazadas, y luego con sus bebés, a buscar atención médica”, añadió.

Por Stanley Karombo

Mineros con tuberculosis

En 1992, el minero suazi Benson Maseko, de 50 años, comenzó a sentir dolores en el pecho y sufrió una persistente tos, pero durante una década no recibió tratamiento.

Debido a su enfermedad, Maseko fue despedido sin los beneficios que le corresponden por haber trabajado en una mina en Johannesburgo. Y cuando regresó a su casa en la pequeña aldea de Mahlangatsha, en las afueras de Manzini, la capital comercial de Swazilandia, optó por acudir a curanderos en vez de médicos profesionales.

“Solo fui a un hospital en 2005, y me diagnosticaron tuberculosis”, dijo a IPS.

Fue gracias a la organización internacional Médicos Sin Fronteras que Maseko pudo trasladarse todos los meses al hospital. Le suministraron el dinero para el transporte y unos 5,50 dólares para raciones de comida.

Pero luego de concluir su tratamiento de seis meses, recayó en dos ocasiones. “Ahora, un año después de haber completado el tratamiento, me siento enfermo otra vez”, señaló.

Este padre de cinco hijos también es portador del VIH (virus de inmunodeficiencia humana), causante del sida, y su recurrente tuberculosis desconcertó en principio a los trabajadores de la salud, porque estaba recibiendo terapia antirretroviral.

Pero cuando les informó que era minero, todo se hizo claro.

“Me diagnosticaron MDR-TB (tuberculosis multirresistente),” señaló. Maseko finalmente concluyó su tratamiento en enero pasado, y tiene previsto un chequeo este mes.

Según Samson Haumba, director ejecutivo de la organización no gubernamental University Research Co. (URC), que provee apoyo técnico en la lucha contra el VIH y la tuberculosis en Swazilanida, estas situaciones son muy comunes entre los mineros.

URC, en sociedad con la Asociación de Mineros y Migrantes Suazis (SWAMMIWA), inició este mes un registro nacional de exmineros y sus familias. Además, comenzó a realizarles pruebas de tuberculosis y enviarlos a tratamiento.

Esta nación de África austral no cuenta con una base de datos de sus mineros, muchos de los cuales viajan a Sudáfrica para trabajar. Pero el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social estima que serían unos 100.000.

“Queremos saber dónde están los mineros y cuán lejos se encuentran de los centros de salud”, dijo Haumba. “Si es necesario, nos movilizaremos por recursos con el fin de fortalecer la capacidad de esos centros”.

Haumba señaló que identificar a los mineros en sus comunidades les ayudaría a detectar la enfermedad antes de que se propague.

“La tasa de abandono del tratamiento es también muy alta, porque los mineros no quieren tomarse tiempo de su trabajo para recibir la medicación, pues temen ser despedidos, ya que son los que sustentan sus hogares”, explicó.

Es un problema no solo en Swazilandia, sino en toda la región. Los jefes de Estado y de gobierno de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC, por sus siglas en inglés) firmaron una declaración comprometiéndose a combatir la tuberculosis en el sector minero en 2012. El rey suazi Mswati III fue uno de los signatarios.

Según un informe de febrero de la Organización Mundial de la Salud (OMS), África superó a Asia como el continente con mayor tasa de muertes por tuberculosis, con más de 600.000 en 2011.

La OMS señaló que, en todo el mundo, 1,5 millones de personas murieron por tuberculosis ese año y más de 95 por ciento de los casos se produjeron en hogares con medianos ingresos.

Haumba detalló que un mal común entre los mineros es la silicosis, enfermedad respiratoria provocada por la inhalación de partículas de sílice del oro.

“La silicosis debilita el sistema pulmonar y por eso es fácil contraer la tuberculosis”, señaló.

A esto se añade que los mineros trabajan en un área cerrada sin circulación de aire, indicó Haumba.

Maseko dijo que los mineros con los que ha trabajado no usaban máscaras para protegerse del polvo. “Solíamos ir bajo tierra sin máscaras. Además de tener sufrir el intenso olor del oro derritiéndose, el calor era insoportable, porque no circulaba el aire”, contó.

Muchos mineros con tuberculosis, a diferencia de Maseko, no viven para contar su historia, señaló el secretario general de la SWAMMIWA, Vama Jele.

“Los mineros sufren enfermedades pulmonares debido al polvo que inhalan en las minas de Sudáfrica”, dijo a IPS.

El 21 de marzo, líderes de la salud de la región se reunieron en Swazilandia y renovaron su compromiso con la lucha contra de la tuberculosis y el VIH.

“Si el VIH/Sida y la tuberculosis fueran una serpiente, les puedo asegurar que su cabeza estaría en Sudáfrica”, dijo entonces el ministro de Salud de ese país, Aaron Motsoaledi.

“Vienen trabajadores de toda la región a nuestras minas para terminar contagiándose de tuberculosis y VIH, y así regresan a sus familias y comunidades”, añadió.

Hasta ahora, 160 mineros y sus familias de comunidades del sur de Swazilandia han sido registrados en el programa de dos años de URC y la SWAMMIWA.

Solo 42 por ciento de estos siguen vivos, y 15 por ciento están infectados con tuberculosis, indicó a IPS la enfermera coordinadora de URC, Nokuthula Mdluli.

“Es importante registrar incluso a los fallecidos, porque queremos hacerles pruebas de tuberculosis a sus familias y derivarlas a tratamiento si es necesario”, explicó.

Por Mantoe Phakathi

Escuelas de Swazilandia

Mientras el gobierno de Swazilandia se esfuerza por garantizar un sistema nacional de enseñanza primaria gratuita, discute con los directores escolares si lo que obstaculiza su éxito es que faltan fondos o que abunda la corrupción.

El gobierno pidió a los directores de escuelas primarias públicas que devolvieran el pago anual extra que les habían estado cobrando a sus alumnos, sin que mediara una orden del gobierno, desde que en 2009 se creó el Programa de Educación Primaria Gratuita.

Algunos directores se negaron a este pedido, argumentando que eso podría llevar a la bancarrota a muchos centros educativos en este país de África austral. Uno de los jerarcas, que pidió mantener su identidad en reserva, dijo a IPS que no era viable devolver el dinero a los padres porque esos fondos ya se habían usado para pagarles a proveedores. La asociación nacional de directores comparte ese punto de vista.

“Dirigiremos las escuelas mientras el gobierno quiera que lo hagamos. Si colapsan por falta de fondos, no es nuestro problema”, dijo a IPS el presidente de la Asociación de Directores de Swazilandia, Mduzuzi Bhembe.

Agregó que los directores estaban frustrados por la actitud del gobierno, pero no se definió en torno a la fecha exacta en que intentarán devolver el dinero a los padres.

Las escuelas deben a los padres una cifra no revelada, que se estima en millones de emalangenis (10 emalangenis equivalen a un dólar) por concepto de lo que la mayoría de las 558 escuelas primarias del país cobran a sus estudiantes como tarifa extra.

Aunque la suma adicional varía de una escuela a otra, algunos padres pagan hasta 76 dólares por niño anualmente. Se considera un monto enorme, dado que 63 por ciento de los habitantes del país viven bajo la línea de pobreza de dos dólares diarios.

Las escuelas cobran estas tarifas además de los 62 dólares anuales por niño que el gobierno paga por alumnos desde el primer al quinto grado. El programa de subsidios del gobierno a niños huérfanos y vulnerables, aparte, paga a los centros de estudio una suma más alta, de entre 219 y 280 dólares, por estudiantes inscritos en la enseñanza secundaria.

Pero los directores sostienen que el dinero destinado al programa de educación primaria gratuita no cubrió sus costos administrativos.

Según el ministro de Educación y Capacitación, Wilson Ntshangase, el dinero alcanzó para pagar artículos de papelería, libros de texto, programas de alimentación y salarios de maestros. Su cartera está determinada a librarse de las cuotas extra, dijo a IPS, dado que encarecen de un modo excepcional las escuelas.

Ahora “hay muchos niños que están ociosos en sus casas aunque el gobierno pagó sus cuotas, porque no pueden pagar las tarifas extra”, señaló Ntshangase.

“El gobierno subsidia fuertemente la educación, pero el costo de la enseñanza en este país está escalando”, dijo a IPS la directora de la organización Save the Children, Dumisani Mnisi.

Algunas escuelas operan de modo eficiente con el dinero que reciben del gobierno, reconoció.

Los nietos de Regina Masuku asisten a una de las pocas escuelas primarias del país que no cobra tarifas adicionales.

“No tengo nada de qué quejarme, excepto que en la escuela comen frijoles todos los días”, dijo Masuku a IPS sobre la Escuela Primaria de Mnyokane, en el nororiente de Swazilandia.

Corrupción

Mientras, Ntshangase admitió que la corrupción abunda en las escuelas públicas. El gobierno suspendió a dos directores en diciembre y enero, tras acusaciones de fraude por 680.000 dólares.

“Cada vez que pedimos a los directores declaraciones financieras para justificar el gasto en escuelas, no nos las dan”, dijo.

“Los directores sostienen que redactan sus presupuestos junto con los padres, pero la realidad es que los padres solo escuchan lo que los directores les dicen, porque la mayoría de ellos no recibieron educación”, añadió.

Los padres ven con buenos ojos la medida del gobierno.

Thandi Mntshali*, madre de tres hijos, se siente aliviada de que ya no tendrá que recibir microcréditos para pagar las cuotas extra anuales.

“El director me dijo que si me negaba a pagarlas, echaría a mis hijos de la escuela”, relató.

Mntshali, quien vende frutas y golosinas en la escuela a la que asisten sus hijos, tuvo que pagar 228 dólares de dinero extra por los tres.

“Fue difícil juntar el dinero, pero no tuve otra opción, porque no quiero que mis hijos se queden sin educación como yo”, explicó.

Sin embargo, algunos calificaron al intento de descartar las tarifas adicionales no autorizadas como un ardid político de parte de Ntshangase.

Con Swazilandia gobernada por el monarca absoluto, rey Mswati III, los votantes acudirán a las urnas este año, en una fecha todavía no determinada, para elegir a los parlamentarios. Los partidos políticos son ilegales en este país, y no está permitido postularse a las elecciones.

Muchos también se preguntan por qué a Ntshangase le llevó tres años ordenar a los directores que abandonaran la práctica y devolvieran el dinero ya recabado.

“¿Por qué se mantuvo en silencio sobre esto desde 2009, cuando asumió el cargo?”, preguntó un director que prefirió el anonimato.

Ntshangase negó las acusaciones de que la medida fuera política, diciendo que previamente el gobierno había advertido a los directores que dejaran de cobrar ese dinero extra.

“Este año decidimos formalizarlo”, señaló.